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ORGANO EMISOR DE NORMAS PROFESIONALES EN PARAGUAY

 

Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS)

Fecha: 31-03-2011

                                                                                                                                                                                Asunción, 31 de marzo de 2011

Diputado Nacional
Victor Alcides Bogado, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente


De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Usted, en nuestro carácter de representantes del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, en el marco del estudio del Proyecto de Ley que crea el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (FONARESS), proyecto de ley del cual  la diputada Desireé Masi así como la Diputada Blanca Lila Mignarro son proyectistas.

Si bien entendemos que las proyectistas fueron asesoradas por profesionales expertos uruguayos (que participaron en la implementación del Fondo Nacional de Recursos del Uruguay), entendemos nosotros que se tratan de sociedades diferentes, con desarrollos diferentes motivo por el cual, nos preocupa la creación de una nueva estructura que deba ser financiada con recursos del Estado.

Si bien no nos encontramos en contraposición a los nobles fines del proyecto de ley, nos preocupa el hecho de que  la calidad del gasto público se vea reflejada en asignaciones que pueden ser optimizadas con estructuras ya existentes.

Con respecto al aporte que deban realizar los trabajadores independientes y cuentapropistas, dentro de los cuales se encuentran los integrantes de nuestro gremio, entendemos nosotros que primeramente en la República del Paraguay se debería de implementar la cobertura social médica obligatoria para todo el territorio nacional como paso previo a la colaboración al FONARESS señalada en el inciso i del  Art. De la Financiación del proyecto presentado.

En cuanto al punto específico del inc. I) del Art. 14 del mencionado proyecto se pueden efectuar las siguientes reflexiones respecto a sus disposiciones, que evidencian incongruencia y riñen con las previsiones de la Constitución de la República.

En efecto, en su primera parte dispone una “cuota voluntaria”, lo que da a entender que dependerá del aporte voluntario de esas personas, pero seguidamente dice “equivalente al 2% de sus ingresos por cada integrante familiar y/o persona(s) a cargo de los mismos”.

Evidentemente existe una incongruencia, porque al decir voluntario no es posible exigir su cumplimiento.

En cuanto a lo de “trabajadores independientes y cuentapropistas”, se refiere a una parcela del universo de miembros de la sociedad, pues, en primer término, afectaría solamente a personas físicas. En segundo término a los que no están en relación de dependencia; ni estatal ni privada. Tampoco se aclara si pueden ser aquellos llamados de profesiones liberales, con título académico de nivel terciario o también afecta a aquellos que no lo tienen, tales como, carpinteros, albañiles, plomeros, electricistas, etc.

Al establecer el “equivalente al 2% de sus ingresos por cada integrante familiar y/o personas a cargo de los mismos”, nos encontraríamos ante la instauración de un tributo sumamente gravoso, porque el solo considerar que una familia tipo se compone de 5 personas, el 2% x 5, representa el 10% de tributo que tendrá a su cargo el titular, pudiendo trepar a montos mayores si tiene mayor número de personas a su cargo, como es muy frecuente en nuestro país, con lo que se constituirá en un tributo confiscatorio, prohibido por la Constitución (Art. 181).

Además, al disponerse sencillamente que estarán “exentos de esta cuota los habitantes de la República en  situación de pobreza”, cabe preguntarse quién determina los parámetros para definir y precisar esa circunstancia; ¿el B.C.P.?; ¿la Secretaría de Estadística y Censos?; ¿La Secretaría Técnica de Planificación?; ¿el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social?; ¿el Ministerio de Justicia y Trabajo? El Proyecto de Ley no lo determina.
Por otro lado, atendiendo a las cuestiones de orden presupuestario-tributario y, si bien el Proyecto en cuestión no es de carácter tributario, el mismo establece o crea, según su Capítulo V “De la Financiación”, recursos que en el lenguaje y caracterización económico-tributaria se define como Tributos.

En tal sentido, podemos expresar que este tipo de tributos y/o gravámenes, se halla en contradicción con las corrientes impuestas desde ya hace tiempo, que recomiendan que no se creen impuestos o gravámenes con afectación a un programa en especial, ya que distorsionan y produce una gran anarquía en la recaudación, control e inversión de dichos ingresos, por lo que la moderna técnica en ese orden aconseja que todos los ingresos sean destinados a Rentas Generales y desde la misma direccionar a los distintos programas presupuestarios del Estado.
 
A la vez, desde el punto de vista constitucional, podemos apreciar que el mismo viola el principio de igualdad establecido en nuestra Carta Magna, ya que estaría contribuyendo solo una parte de la ciudadanía estableciendo una irritante discriminación. En efecto, ¿por qué estarían exentos los funcionarios públicos que, como sabemos, muchos de ellos perciben remuneraciones millonarias y gratificaciones?; ¿por qué estarían excluidos los que se hallan en relación de dependencia en el sector privado?

Eso en cuanto a personas físicas, por lo que también nos preguntamos ¿por qué razón estarían excluidas de la obligación de aportar las personas jurídicas o empresas? Finalmente le señalamos que a efectos de que el fondo a ser creado sea sostenible en el tiempo así como sustentable su aplicación se debería analizar con la sociedad civil aún más el proyecto referenciado.
Atentamente,  

Celso Vergara Heinrroth                    Edgar Ruben Taboada R.
        Vicepresidente                                    Presidente

 

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